La Fundación Amancio Ortega ha transferido cerca de 45 millones a los ayuntamientos

La Diputació de València y COSITAL Valencia (Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local) están trabajando para diseñar un modelo de bases reguladoras para que los ayuntamientos de cada municipio afectado por la DANA puedan adaptarlo a sus necesidades a la hora de gestionar el reparto de ayudas destinadas por la Fundación Amancio Ortega a las personas damnificadas.

El Patronato de la Fundación acordó el pasado 4 de noviembre la creación de un fondo para el apoyo a los ciudadanos en sus necesidades más inmediatas, fondo que está dotado con 100 millones de euros. Para agilizar el proceso, la entidad se puso en contacto con la Diputació de València, institución que trabaja codo con codo con los municipios. “Desde el primer momento, la Fundación Amancio Ortega se puso en contacto con nosotros para poner en marcha este proceso; agradezco profundamente su compromiso y disposición para trabajar junto a la Diputación, lo que permitirá que las ayudas lleguen lo más rápido posible a las personas afectadas”, ha señalado el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó.

La Fundación, que ya ha transferido cerca de 45 millones a los
ayuntamientos, establece que el importe que deberá abonarse a las personas físicas residentes en los municipios seleccionados alcanzará como máximo los 10.000 euros. En el caso de que fuera necesaria la contratación de personal o los servicios de terceros para la administración de estas ayudas, podrá detraerse de la cantidad otorgada lo necesario hasta un importe máximo de 50.000 euros por todos los conceptos.

Los ayuntamientos receptores de las ayudas serán los encargados de decidir los criterios de afectación del daño causado y los de selección de los destinatarios y sus cuantías. Para adoptar este acuerdo, se consideró como objetivo principal ayudar lo antes posible a las personas físicas que hayan sufrido daños en su vivienda, mobiliario, enseres, electrodomésticos, vehículos necesarios para el trabajo y la pérdida de la fuente de ingresos; el Patronato consideró establecer tres niveles de ayuda por persona, en función de la gravedad de la situación, de 3.000, 6.000 y 10.000 euros.