El Parlamento Europeo prohíbe la venta de vehículos de combustión en 2035

 

El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno este martes al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que, a partir de ese año, todos los turismos y furgonetas nuevos comercializados en la UE sean "cero emisiones", lo que en la práctica se traduce en la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos.

Con 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones en la sesión plenaria de este martes en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados han aprobado el acuerdo alcanzado con el Consejo Europeo por el que se revisarán las normas en materia de emisiones de dióxido de carbono de los coches y furgonetas nuevos. De este modo, la industria automovilística se alinea con la mayor ambición climática de la UE.

Además de este objetivo ligado a turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos para 2035, también habrá objetivos intermedios. Uno de ellos es la reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030: del 55% para los automóviles y del 50% para las furgonetas en comparación con el nivel de 2021, y como una media para el conjunto del parque de vehículos nuevos de la Unión Europea.

 Este propósito de cara a 2035, no ha cogido desprevenido a la industria. "No nos pilla por sorpresa, ya contábamos con que esta decisión, que parte de la Comisión, fuera refrendada por el Parlamento Europeo. El sector ya lleva años trabajando sobre esta suposición de que en 2035 no se podrían comercializar vehículos de combustión", explica Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto (patronal de los concesionarios de automoción).

"Muchas se han autoimpuesto el 2030 como límite para fabricar vehículos de combustión. La propia industria se ha curado en salud y va un poco por delante"

"El trabajo ha consistido en acelerar la electrificación de los modelos por parte de las marcas para que la tecnología esté preparada para llegar a ese 2035. Muchas se han autoimpuesto el 2030 como límite para fabricar vehículos de combustión. La propia industria se ha curado en salud y va un poco por delante de alguna manera de esa fecha del 2035", detalla.

Desde la patronal, a pesar de "compartir ese objetivo de la descarbonización de la movilidad", consideran "muy difícil" cumplir ese objetivo en 2035 en base a dos grandes dificultades, . La primera, de acuerdo con Morales, es el precio de los vehículos eléctricos, "entre un 20 y un 30% por encima de los de combustión e inaccesible para la mayor parte de los ciudadanos". El segundo es el "retraso" existente en España respecto al resto de Europa en el "despliegue de puntos de recarga de acceso público".

"Vemos muy complicado alcanzar ese objetivo en nuestro país si no empezamos a activar las palancas necesarias. Echamos de menos más determinación en las decisiones que se toman desde los Gobiernos y las Administraciones Públicas para apoyar justamente estos acuerdos provenientes de Europa y hacerlas posibles aquí", subraya. Y señala que en España hay actualmente 16.000 puntos de recarga, "muy por debajo de la media europea", cuando debería haber 340.000 en 2030 para cumplir con estos propósitos.

 Por eso, Morales insiste en la necesidad de adoptar nuevas medidas y acentuar lo que ya está en marcha, como los planes moves, que abaratan el vehículo eléctrico con una subvención. "No han resultado todo lo eficientes que deberían porque se tarda mucho en cobrar la ayuda. Esto habría que solucionarlo. Además, se podría conceder algún beneficio fiscal al comprador de este tipo de coches, reducir el IVA y cambiar la fiscalidad", sugiere. Asimismo, incide en la situación "rocambolesca" de la instalación de puntos de recarga: "España necesita un objetivo vinculante".

Más allá de estos propósitos para 2030 y 2035, el reglamento aprobado este martes también contempla otras medidas clave. Una de ellas consiste en que la Comisión presentará, a más tardar en 2025, una metodología para evaluar y comunicar datos sobre las emisiones de dióxido de carbono durante todo el ciclo de vida de los automóviles y furgonetas vendidos en la UE. Cuando proceda, irá acompañada de propuestas legislativas.

Asimismo, como tarde en diciembre de 2026, la Comisión estudiará la diferencia entre los valores límite de emisión y los datos reales de consumo de combustible y energía, informará sobre una metodología para ajustar las emisiones concretas de dióxido de carbono, de los fabricantes y propondrá unas medidas de seguimiento adecuadas. Además, cada dos años, a partir de finales de 2025, publicará un informe para evaluar los avances en este sentido.

Entre otras cosas, el nuevo texto también reajusta el porcentaje de ventas de vehículos de bajas o cero emisiones que la UE exige a los fabricantes de coches para poder acogerse a incentivos económicos de la Comisión. Entre 2025 y 2029, será necesario vender un 25% de turismos de este tipo sobre el total para seguir cobrando estas recompensas, mientras que, por lo que respecta a las furgonetas, la proporción será del 17%. A partir de 2030, el nuevo reglamento prevé la supresión de estas ayudas.

En paralelo a esta votación del Parlamento, la Comisión ha lanzado este martes una propuesta para reducir los gases de efecto invernadero de camiones y autobuses de larga distancia. Deberá ser del 45% en 2030, del 65% en 2035 y del 90% en 2040, respecto a los niveles de 2019. Ese umbral, que aún tendrá que negociarse con los el Consejo y con la Eurocámara, supone que los fabricantes tendrán que alcanzar los objetivos de media sobre el conjunto de su flota.

La propuesta se completa con el objetivo de que todos los autobuses interurbanos comercializados en la Unión a partir de 2030 sean de cero emisiones, no así los que dan servicio a zonas rurales, que tendrán el mismo tratamiento que los camiones.

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