Europa plantea prohibir las calderas de leña

La nueva normativa de la Comisión Europea endurece los límites de emisiones y podría eliminar estufas y chimeneas de leña a partir de 2027, afectando gravemente a las zonas rurales y al sector forestal

La Comisión Europea ha propuesto una nueva normativa que podría suponer la prohibición progresiva del uso de calderas y estufas de leña para la calefacción doméstica. La medida, que inicialmente iba a debatirse el pasado 12 de febrero, ha sido pospuesta debido a la presión de representantes del sector y de países como Alemania y la República Checa, que consideran que la normativa afectará gravemente a las comunidades rurales.

La propuesta incluye límites de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y partículas en suspensión significativamente más bajos que los actuales. Se pretende reducir las emisiones de CO₂ de 1.500 a 500 miligramos por metro cúbico y las partículas en suspensión de 40 a 28 mg/m³. Según Robert Mülleneisen, presidente de la Asociación Alemana de Fabricantes de Estufas, “estos nuevos límites equivalen prácticamente a una prohibición de la calefacción con leña”.

Uno de los aspectos más polémicos es la obligatoriedad de equipar las calderas de leña con sistemas de regulación automática, lo que impediría su funcionamiento sin electricidad. Esto afectaría especialmente a quienes viven en áreas rurales con redes eléctricas inestables, donde la leña sigue siendo la principal fuente de calefacción.

Preocupación en el mundo rural y el sector forestal

La medida ha generado una fuerte oposición en el ámbito rural, donde la leña no solo es una fuente de energía asequible, sino también un pilar económico. En zonas como la Serranía y el interior de la Comunitat Valenciana, la prohibición afectaría a cientos de familias que dependen de la biomasa para calentarse en invierno. “Esta normativa es un duro golpe para las zonas rurales, donde no existen alternativas viables y asequibles al uso de leña”, han señalado desde asociaciones agrarias y forestales.

El impacto económico también podría ser significativo. El sector de la leña y el carbón, que da empleo a miles de personas en actividades como la tala, el transporte y la venta de biomasa, se vería gravemente afectado. La reducción de la demanda podría llevar a la quiebra a pequeños productores y distribuidores, afectando a las economías locales y a la gestión forestal sostenible.

Riesgo ambiental y falta de alternativas

Desde el punto de vista ambiental, limitar el uso de la leña podría tener consecuencias inesperadas. Un menor aprovechamiento de los residuos forestales podría aumentar el riesgo de incendios, ya que muchas explotaciones forestales dependen de la recolección de madera como parte de la gestión sostenible del monte. Además, la transición a sistemas eléctricos o de gas podría suponer un aumento de costes para las familias rurales, muchas de las cuales no pueden permitirse alternativas más caras.

En este contexto, eurodiputados como el alemán Peter Liese han advertido que “los sistemas de calefacción con biomasa son una parte importante de la transición energética” y han pedido que la normativa se adapte a la realidad de los territorios rurales.

La Comisión Europea ha justificado la posposición del debate como una oportunidad para realizar “el trabajo técnico adicional necesario”, pero el temor entre los afectados persiste. De aprobarse sin modificaciones, la medida podría transformar radicalmente la forma en que miles de hogares rurales se calientan durante el invierno, poniendo en riesgo tanto la economía local como la sostenibilidad de los montes.

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