Los municipios del Camp de Túria recibirán 628.024 euros del nuevo Modelo de Servicios Sociales
+ TURIA |
Náquera, Olocau y San Antonio de Benagéber obtienen un incremento de más del
200%, situándolos en los niveles del resto de municipios
La comarca de Camp de Túria recibirá un total de
628.024 euros en concepto del nuevo Modelo de Servicios Sociales de la
Diputación de Valencia. Esta cantidad supone el incremento del 144% de la
aportación de la Diputación en la comarca durante el período comprendido entre
2015 y 2017.
La inversión total a través de este plan de
atención primaria, de 9,4 millones de euros, ha triplicado en apenas dos años
la partida destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia
social básica.El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la
diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaron ante decenas de
alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institución provincial.
En el caso de Camp de Túria supone una inyección
de 110.809 euros para los vecinos y vecinas de Náquera, 38.047 euros para
Olocau y 103.280 para San Antonio de Benagéber, cifras especialmente
significativas puesto que se trata de un incremento de más del 200%, que los
situará en los niveles del resto de municipios. Además, la corporación destina
87.373 euros para la agrupación de municipios Casinos y Bugarra, 9.098 para
Gátova, 18.346 para Loriguilla, 31.711 para Marines, 47.324 para Serra y
182.036 euros para Vilamarxant y Benisanó.
Inversión por programas
Por programas, los 87.373 euros destinados a
Casinos y Bugarra se dividirán en 40.848 para el refuerzo del equipo técnico,
2.050 para el centro social, 15.000 para prestaciones individualizadas, 5.000
para casos de pobreza energética, 16.425 para el programa de ayuda a domicilio,
1.800 para los llamados clubes de convivencia y 6.250 para actuaciones de
prevención e inserción social.
Por su parte, Gátova contará con 9.098 euros de
los cuales se dedicarán 2.723 al refuerzo del equipo profesional, 750 en
prestaciones económicas individualizadas y 5.625 en el programa de ayuda a
domicilio. Loriguilla invertirá 5.446 para el refuerzo del equipo técnico,
3.750 para prestaciones individualizadas, 8.250 para el programa de ayuda a
domicilio, 900 para los llamados clubes de convivencia y 6.250 para actuaciones
de prevención e inserción social. Marines hará una inyección de 14.161 euros
para el refuerzo, 3.000 para prestaciones individualizadas, 1.500 para casos de
pobreza energética, 12.000 para el programa de ayuda a domicilio y 1.050 para
actuaciones de prevención e inserción social.
En el caso de Náquera, se invertirán 81.003 para
el refuerzo del equipo técnico, 6.000 para prestaciones individualizadas, 1.656
para casos de pobreza energética, 17.250 para el programa de ayuda a domicilio,
900 euros para los llamados clubes de convivencia y 4.000 para actuaciones de
prevención e inserción social. En Olocau, 24.055 serán para el refuerzo del
equipo técnico, 3.750 para prestaciones individualizadas, 1.242 para casos de
pobreza energética y 9.000 para el programa de ayuda a domicilio. San Antonio
de Benagéber inyectará 66.280 para el refuerzo del equipo técnico, 15.000 para
prestaciones individualizadas, 5.000 para casos de pobreza energética, 15.000
para el programa de ayuda a domicilio y 2.000 para actuaciones de prevención e
inserción social. Por otro lado, Serra dedicará 26.324 para el refuerzo del
equipo técnico, 6.750 para prestaciones individualizadas y 14.250 para el
programa de ayuda a domicilio.
Por último, los municipios de Vilamarxant y
Benisanó invertirán 100.051 euros para el refuerzo del equipo técnico, 22.500
para prestaciones individualizadas, 15.000 para casos de pobreza energética,
35.985 para el programa de ayuda a domicilio, 1.500 euros para los llamados
clubes de convivencia y 7.000 para actuaciones de prevención e inserción
social.
La apuesta de la Diputación por los
servicios sociales
Las cifras evidencian la apuesta de la
Corporación que preside Rodríguez por los temas sociales, ya que, pese a la
disminución de la aportación estatal en el presupuesto del presente año y la
dotación de 20,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha
duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en los
municipios y se han habilitado nuevas líneas para el mantenimiento de colegios,
con 7 millones de euros, y construcción de centros sociales, con otros 5,6
millones, además de la partida de 15,5 millones para Bienestar Social y Educación.
En palabras de la diputada de Inclusión Social,
Rosa Pérez Garijo, “hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un
modelo de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia
social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de profesionales
de atención en los Servicios Sociales Municipales, que ha pasado en dos años de
uno por cada 5.400 habitantes a uno por cada 2.800 habitantes.
El aumento de los equipos sociales de las
mancomunidades y ayuntamientos que se ha venido produciendo con el incremento
de las ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta
asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El área de
Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha multiplicado por 7 la
financiación del refuerzo administrativo municipal en asistencia social, y se
ha apoyado la movilidad de los profesionales con subvenciones a 22 entes
locales, cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.
Para el presidente de la Diputación, Jorge
Rodríguez, estas cifras demuestran que “desde el primer minuto de la
legislatura decidimos que el eje principal de la gestión de este gobierno debía
ser hacer política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los
vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar los
servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más vulnerables”.
En cuanto a este nuevo modelo de Servicios
Sociales, Rodríguez ha destacado que “lo realmente importante es prevenir esas
situaciones de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de
desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los parámetros de
objetividad e igualdad se aplican en las distintas áreas para que ninguna
persona se quede en el camino”.
Líneas de actuación
Los 9,4 millones de euros que la Diputación ha
destinado este año a estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de
10.000 habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el pago de
salarios al personal de los equipos sociales de base; el mantenimiento de los
centros sociales; y programas de prestaciones básicas como la pobreza
energética, la atención familiar a menores en riesgo de exclusión, el fomento
del asociacionismo y el voluntariado o la prevención de la exclusión social y
sus causas.
También se presta atención a las estructuras
técnicas de los ayuntamientos y los ratios de atención de los profesionales,
teniendo en cuenta las crecientes competencias que asumen los municipios en
materia social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores
sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para aprovechar
mejor los recursos disponibles; y la contribución a las iniciativas de
revitalización del medio rural, pasando del asistencialismo al desarrollo
comunitario y la participación social.
La titular de Inclusión Social, Rosa Pérez
Garijo, ha insistido en que el objetivo es “consolidar una red básica de
protección social, avanzando hacia una atención personalizada y de calidad que
supere el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social, para
que nadie quede excluido de una vida digna”.
La comarca de Camp de Túria recibirá un total de
628.024 euros en concepto del nuevo Modelo de Servicios Sociales de la
Diputación de Valencia. Esta cantidad supone el incremento del 144% de la aportación
de la Diputación en la comarca durante el período comprendido entre 2015 y
2017.
La inversión total a través de este plan de
atención primaria, de 9,4 millones de euros, ha triplicado en apenas dos años
la partida destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia
social básica.El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la
diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaron ante decenas de
alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institución provincial.
En el
caso de Camp de Túria supone una inyección de 110.809 euros para los vecinos y
vecinas de Náquera, 38.047 euros para Olocau y 103.280 para San Antonio de
Benagéber, cifras especialmente significativas puesto que se trata de un
incremento de más del 200%, que los situará en los niveles del resto de
municipios. Además, la corporación destina 87.373 euros para la agrupación de
municipios Casinos y Bugarra, 9.098 para Gátova, 18.346 para Loriguilla, 31.711
para Marines, 47.324 para Serra y 182.036 euros para Vilamarxant y
Benisanó.
Inversión
por programas Por programas, los 87.373
euros destinados a Casinos yBugarra se dividirán en 40.848 para el refuerzo del
equipo técnico, 2.050 para el centro social, 15.000 para prestaciones
individualizadas, 5.000 para casos de pobreza energética, 16.425 para el
programa de ayuda a domicilio, 1.800 para los llamados clubes de convivencia y
6.250 para actuaciones de prevención e inserción social. Por su parte, Gátova contará con 9.098 euros
de los cuales se dedicarán 2.723 al refuerzo del equipo profesional, 750 en
prestaciones económicas individualizadas y 5.625 en el programa de ayuda a
domicilio. Loriguilla invertirá 5.446 para el refuerzo del equipo técnico,
3.750 para prestaciones individualizadas, 8.250 para el programa de ayuda a
domicilio, 900 para los llamados clubes de convivencia y 6.250 para actuaciones
de prevención e inserción social. Marines hará una inyección de 14.161 euros
para el refuerzo, 3.000 para prestaciones individualizadas, 1.500 para casos de
pobreza energética, 12.000 para el programa de ayuda a domicilio y 1.050 para
actuaciones de prevención e inserción social.
En el
caso de Náquera, se invertirán 81.003 para el refuerzo del equipo técnico,
6.000 para prestaciones individualizadas, 1.656 para casos de pobreza
energética, 17.250 para el programa de ayuda a domicilio, 900 euros para los
llamados clubes de convivencia y 4.000 para actuaciones de prevención e
inserción social. En Olocau, 24.055 serán para el refuerzo del equipo técnico,
3.750 para prestaciones individualizadas, 1.242 para casos de pobreza
energética y 9.000 para el programa de ayuda a domicilio. San Antonio de
Benagéber inyectará 66.280 para el refuerzo del equipo técnico, 15.000 para
prestaciones individualizadas, 5.000 para casos de pobreza energética, 15.000
para el programa de ayuda a domicilio y 2.000 para actuaciones de prevención e
inserción social. Por otro lado, Serra dedicará 26.324 para el refuerzo del
equipo técnico, 6.750 para prestaciones individualizadas y 14.250 para el
programa de ayuda a domicilio.
Por
último, los municipios de Vilamarxant y Benisanó invertirán 100.051 euros para
el refuerzo del equipo técnico, 22.500 para prestaciones individualizadas,
15.000 para casos de pobreza energética, 35.985 para el programa de ayuda a
domicilio, 1.500 euros para los llamados clubes de convivencia y 7.000 para
actuaciones de prevención e inserción social.
La apuesta de la Diputación por los servicios sociales Las cifras evidencian la apuesta de la Corporación
que preside Rodríguez por los temas sociales, ya que, pese a la disminución de
la aportación estatal en el presupuesto del presente año y la dotación de 20,6
millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha duplicado respecto a
2016 la partida para atención social básica en los municipios y se han
habilitado nuevas líneas para el mantenimiento de colegios, con 7 millones de
euros, y construcción de centros sociales, con otros 5,6 millones, además de la
partida de 15,5 millones para Bienestar Social y Educación.
En palabras de la diputada de Inclusión Social,
Rosa Pérez Garijo, “hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un
modelo de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia
social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de profesionales
de atención en los Servicios Sociales Municipales, que ha pasado en dos años de
uno por cada 5.400 habitantes a uno por cada 2.800 habitantes.
El aumento de los equipos sociales de las
mancomunidades y ayuntamientos que se ha venido produciendo con el incremento
de las ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta
asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El área de
Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha multiplicado por 7 la
financiación del refuerzo administrativo municipal en asistencia social, y se
ha apoyado la movilidad de los profesionales con subvenciones a 22 entes
locales, cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.
Para el presidente de la Diputación, Jorge
Rodríguez, estas cifras demuestran que “desde el primer minuto de la
legislatura decidimos que el eje principal de la gestión de este gobierno debía
ser hacer política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los
vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar los
servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más
vulnerables”.
En cuanto a este nuevo modelo de Servicios
Sociales, Rodríguez ha destacado que “lo realmente importante es prevenir esas
situaciones de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de
desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los parámetros de
objetividad e igualdad se aplican en las distintas áreas para que ninguna
persona se quede en el camino”.
Líneas de
actuación Los 9,4 millones de euros que
la Diputación ha destinado este año a estos Servicios Sociales básicos en
municipios de menos de 10.000 habitantes se invierten, entre otras líneas de
actuación, en el pago de salarios al personal de los equipos sociales de base;
el mantenimiento de los centros sociales; y programas de prestaciones básicas
como la pobreza energética, la atención familiar a menores en riesgo de
exclusión, el fomento del asociacionismo y el voluntariado o la prevención de
la exclusión social y sus causas.
También se presta atención a las estructuras
técnicas de los ayuntamientos y los ratios de atención de los profesionales,
teniendo en cuenta las crecientes competencias que asumen los municipios en
materia social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores
sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para aprovechar
mejor los recursos disponibles; y la contribución a las iniciativas de
revitalización del medio rural, pasando del asistencialismo al desarrollo
comunitario y la participación social.
La titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que
el objetivo es “consolidar una red básica de protección social, avanzando hacia
una atención personalizada y de calidad que supere el modelo tramitador y
posibilite la verdadera inclusión social, para que nadie quede excluido de una
vida digna”.
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